Información y menores en conflicto con la ley

Este tema sigue despertando todos los demonios. Organizaciones sociales opinan sobre el tema; luego, algunos periodistas de opinión recogen el guante y en nombre de los criterios científicos, confunden aserrín con pan rallado.

Los números no son, no pueden ser, caprichosos. El cruzamiento que se haga con los números, para sacar porcentajes, tampoco puede ser caprichoso.

Nosotros no hablamos, en general, de los delitos cometidos por menores. Hablamos, sí, de las rapiñas realizadas por menores, porque es el delito que, en este momento, más atormenta a la gente, sea cual sea su condición social o económica.

Y no nos cierra de ninguna manera, que sólo el 4,5 % de las rapiñas sean cometidas por menores. Tampoco nos cierra la otra cifra que se maneja: 12 %.

Es mucho más.

Pero más allá de la cifra, nos preocupan los criterios con que éstas se elaboran.

No se puede partir de las cifras totales de rapiñas -12442 de enero a noviembre del 2010- y cruzarlas con los menores internados por decisión judicial: 585, en el mismo período de tiempo considerado. (1) Ese criterio supone, por lo menos, 3 errores de concepto.


Errores de concepto

El primero, creer que cada rapiña equivale sólo a un infractor: a menudo corresponde a varios infractores.
El segundo, creer que el mismo grupo de infractores sólo realizó una rapiña: a menudo cometen decenas de rapiñas.
El tercero, creer que cruzar el número de rapiñas realizadas con el número de menores internados proporciona el porcentaje de menores que realizaron rapiñas: este criterio proporciona un número llamativamente bajo, que no se aproxima a la realidad.

Otro error, muy importante, surge de cruzar datos de diferente fuente o de distinta índole. Cruzar los datos que surgen de la información policial, con los datos judiciales no nos conduce a nada, como no sea a aumentar los errores.

Insisto, me refiero a las rapiñas: al crecimiento de las rapiñas cometidas por menores. No me refiero al número total de delitos, pues hay delitos en los que la participación de menores es muy baja o prácticamente inexistente: estafa, violación, atentado al pudor, cheques sin fondo…

Veamos algunas cifras:

Entre 1995 y 2006 el número de menores internados por rapiña creció 234 %. En el mismo período de tiempo, el número de mayores procesados por este delito creció 87 %. (2)

Por eso, la participación de los menores en rapiñas pasó de 24 % (1995-1998) a 36 % (2007-2009). (3)

De enero a noviembre de 2010, según fuentes policiales, los menores intervinieron en el 43 %  de las rapiñas. (4)

Según fuentes judiciales y del INAU, de acuerdo a las internaciones que se produjeron, participaron en el 34 % de las rapiñas. (5)

Las ONG’s que vienen informando del tema, sobre la base de los asuntos iniciados en los juzgados, manejan que, en 2004, participaron en 6,9 % del total de delitos. En 2007 participaron en 4,6 % de los delitos.

Las diferencias son abismales y van contra la clara tendencia al aumento de la participación de menores. Ello surge de dos hechos: a) refieren a la totalidad de los delitos, y no a las rapiñas; y, b) sólo toman en cuenta lo que fue iniciado en juzgados, y no consideran las internaciones resueltas.

Esto, obviamente, tiene la intención de ridiculizar las cifras que estamos manejando, pero claramente no reflejan la realidad que cualquiera que camine por la calle puede constatar. Nada más lejos de la ciencia y nada más lejos de la objetividad. Cuando se tiene que modificar la realidad para seguir sosteniendo convicciones profundas algo está mal. Las convicciones se tienen que apoyar en la realidad, y no en la modificación subjetiva de la misma.

Nosotros no pretendemos demonizar menores, ni mucho menos sumarnos a la dureza reinante en la opinión pública, referida al aumento de las penas y la baja de la edad de imputabilidad. Pero la forma de enfrentar estos extremos no pasa por disfrazar u ocultar los problemas. Hay que ponerlos de relieve para poder enfrentarlos correctamente.


Contenidos por el sistema

Para finalizar, transcribimos fragmentos de un documento -elaborado por nuestros asesores- que dibuja la realidad actual que vive nuestra sociedad en el tema de la minoridad infractora.

“El Estado tiene la obligación de brindar posibilidades para la construcción de ciudadanía. Los niños, niñas y adolescentes que han vivido procesos de victimización tempranos, y por lo tanto han generado diversos grados de vulnerabilidad y altos niveles de tolerancia a la violencia, no están en condiciones de ser parte de los procesos de construcción de ciudadanía.

“Cuando un joven o una joven que ha cumplido 18 años, comete una infracción menor (como un hurto simple), cuenta con mayores posibilidades de obtener un procesamiento sin prisión, o una libertad provisional en su calidad de procesado, y, ante la tendencia institucional de bregar por las penas alternativas y brindar oportunidades a las personas jóvenes sin antecedentes penales,  podrá obtener beneficios y ser liberado.

“Pero cuando el mismo joven, ha vivido procesos de victimización tempranos y, como resonancia de los mismos, ha incursionado en el delito en forma precoz, con in conductas de extrema gravedad, (rapiñas, homicidios, copamientos, violaciones, lesiones graves, etc.), ello cambia la mirada y consideración hacia una nueva in conducta, como la de un hurto simple, cometida de los 18 en adelante.

“Ese joven debe ser contenido por el sistema, posibilitando un espacio de tiempo para su atención y para que todas las instancias de control social anteriores -que fallaron o estuvieron ausentes- puedan crearse, como obligación de reparar por parte del Estado, (en tanto responsable de las fallas para su temprana detección y atención); y como derecho de los jóvenes, en tanto víctimas de violencia: social (pobreza- analfabetismo o semi  alfabetismo, situación de calle, trabajo infantil, mendicidad, vagancia, prostitución, etc.); y familiar (abandono, institucionalización, maltrato físico; maltrato emocional, abuso sexual, explotación comercial, etc.).

“Desde el punto de vista criminológico, los factores de reincidencia están condicionados, entre otros, por la tendencia a la repetición de la in conducta, en tanto la persona, no encuentra un espacio para la reflexión, el reconocimiento del daño, los orígenes y evolución de su proceder, el proceso de duelo (en caso de que aún el grado de deterioro del psiquismo no sea extremo), el arrepentimiento, y el diseño (con ayuda) de un nuevo proyecto vital.  Ese espacio puede y debe ser ofrecido por el control social, conociendo los antecedentes”.


Eduardo Bonomi
Ministro del Interior

 

(1) - Cifras nacionales - Fuente: SISTEMA DE GESTIÓN POLICIAL (SGP)

(2) - Fuente: Poder Judicial

(3) - Fuente: INAU

(4) - Fuente: SGP

(5) - Período ENERO-NOVIEMBRE 2010

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