Libertad, convivencia y seguridad

El Poder Ejecutivo puso arriba de la mesa quince medidas para enfrentar la inseguridad. Ellas están fundadas en un documento, "Estrategia por la vida y la convivencia", en el que se plantea la necesidad de desarrollar políticas integrales que combinen la seguridad ciudadana y la convivencia social.

El enfoque de esta estrategia se centra en tres definiciones claves: el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia.

Ambas propuestas –las del documento y las medidas en sí- han despertado varios debates diferentes. Afortunadamente, luego de que la discusión se centrara casi exclusivamente en la legalización de la marihuana, el debate se amplificó con la inclusión  de otros temas: algunos operativos y otros casi filosóficos. Y esto sucedió a la izquierda y a la derecha de las propuestas.

Los aspectos filosóficos de la discusión tienen que ver con el concepto de libertad. Y surge, fundamentalmente, de las propuestas relativas al uso de los espacios públicos y la internación compulsiva.

En los dos casos se defiende la libertad de elegir vivir en la calle y la de consumir, sin límites, cualquier tipo de drogas. Se trata de la libertad individual –individualista- ante todo: se defiende el derecho de la gente que quiere dormir en la calle o vivir en los espacios públicos, bañarse en las fuentes, hacer sus necesidades y hasta tener relaciones sexuales en las plazas, porque sacarlos de las calles y las plazas atenta contra sus libertades individuales. No se tiene en cuenta que, permitir esas conductas, atenta contra la libertad de las personas que quieren llevar a sus hijos a las plazas para pasar un rato en familia; atenta contra los que quieren sentarse en un banco y disfrutar de la mañana o de la tarde, atenta contra las parejas que quieren hacer uso de los espacios públicos… Atenta contra la convivencia y contra las normas que esta requiere para vivir con los demás.

Algo parecido se puede decir respecto al consumo problemático de drogas, fundamentalmente el consumo de pasta base o distintas formas de cocaína fumables. Quien las consume pierde aceleradamente la normalidad y, al año, ya es una persona absolutamente deteriorada, que ha perdido los principales atributos de la libertad.

La libertad bien entendida comienza con el conocimiento de la necesidad. Y la necesidad, en una sociedad civilizada, es la necesidad social. Quién no reconoce las necesidades sociales ha perdido una parte de su libertad: al punto que uno puede preguntarse: ¿es libre una persona que, por los efectos de un producto químico, altera su conducta, no es capaz de pensar en sí mismo ni en los demás y es capaz de matar? ¿Son libres los que, en Estados Unidos, consumen sales de baño y después salen a ver si se pueden comer a alguien? ¿Es libre una madre que bajo los efectos de la droga ataca salvajemente a su hijo, como ocurrió también en aquel país?

No lo es: atenta contra la vida, contra la libertad individual y social, y atenta contra la convivencia.

Por eso, en defensa de la libertad socialmente concebida –la libertad que comienza con el conocimiento de la necesidad-, hay que tomar medidas, en defensa mismo de quien está fuera de sí y es un peligro para él y para los demás. En defensa de las normas más elementales de convivencia.

Si no se toman medidas la internación compulsiva que llegará será la internación en una cárcel y, en lugar de emprender el camino de la rehabilitación, lo que seguirá después será el camino del infierno personal. De mal en peor y retrocediendo cada pocos días un casillero más.

Defender la convivencia significa defender el trabajo como principal factor de socialización; significa defender el barrio y los espacios públicos como segundo factor de socialización; significa defender la educación y la familia…

La estrategia propuesta combina la convivencia social y la seguridad pública: la convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir con otros, requiere que se promueva el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad pública, en tanto, requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano, combatiendo los delitos y las faltas.

Eduardo Bonomi
Ministro del Interior

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