Nuevo Proceso Penal, un horizonte con mejor perspectiva

 

En estos días vivimos una serie de hechos desgraciados en nuestra Sociedad, hechos que nos llaman a redoblar el esfuerzo en la lucha contra ese flagelo social que es la violencia.

Escuchamos voces del sistema político, que convocan a realizar un nuevo acuerdo  en esta materia. En ese punto, debemos señalar nuestra concordancia a los acuerdos, como lo hicimos desde el vamos al ingresar al Ministerio del Interior. No en vano la gestión de este equipo se inició con un acuerdo multipartidario (cumplido en su totalidad), que fuera ampliado en sus objetivos fundamentales. Acuerdo que duró muy poco, pero que siguió siendo una hoja de ruta para la cartera. Posteriormente caímos en una lucha electoral que hizo casi imposible cualquier acercamiento. Pasado ese tiempo retomamos la iniciativa convocando a un encuentro, en las instalaciones de la Guardia Republicana, a los miembros de la Comisión de Seguridad y Convivencia, para informar a todos los partidos que la componen, circunstancia a la que solo asistieron representantes del Frente Amplio. 

Bienvenido sea hoy este diálogo propuesto, al que nos sumaremos poniendo todo nuestro mejor empeño.

Antes de ingresar al fondo del asunto sobre el nuevo proceso penal, debemos señalar, como lo hice en otras oportunidades, que el incremento de la violencia que hoy vivimos, es el reflejo de numerosos problemas y contradicciones que no fueron resueltos oportunamente. Antes del año 2005, se aplicaban políticas que no tenían a la persona como centro. Hoy existe un conjunto de políticas sociales que buscan atender estas problemáticas. Tristemente por décadas, no se atendieron los problemas económicos (desigual distribución de la riqueza; desempleo y subempleo; expectativas profesionales truncas; escaso poder adquisitivo; nuevas formas y necesidades de consumo); ni los problemas sociales (colapso de la institución familiar; mala planificación urbana y rural, (uestros asentamientos irregulares crecieron en la década del 90). Tampoco se desarrolló una adecuada política y gestión en materia de seguridad, lo cual se ve reflejado en la inadecuada atribución y administración de los recursos, inexistencia de un sistema penitenciario que permitiera aplicar eficientes mecanismos de rehabilitación e inclusión social. A esos factores se les suman otros como la falta de aplicación de la ley, por su caída en desuso; crisis de valores; el rol de los medios de comunicación ante el fenómeno de la violencia, entre otros puntos. 

La "nueva policía"

En ese contexto y frente a la policía con que contábamos, sólo quedaba un camino: crear una "nueva policía" que estuviera preparada para atender los desafíos de la época que nos toca vivir y brinde seguridad -como derecho humano que es- a sus habitantes. 

Pero, para alcanzar una política de seguridad pública capaz de afrontar los desafíos existentes, debemos considerar el proceso penal que nos rige, un proceso penal vetusto, que se basa en principios y metodologías de trabajo que lo hacen totalmente ineficiente. 

Para tratar de explicar el proceso penal que hoy nos rige, voy a citar al Profesor Julio Maier, alguien que en el estudio de los procesos inquisitivos y del sistema penal manifiesta: “…Todo el sistema penal funciona como un aparato seleccionador. No puedo seguir aquí todos los procedimientos que utiliza para ello, pero desde el derecho penal material hasta el procedimiento establecido para realizarlo funciona sobre la base sistémica. En especial, la justicia penal se asemeja a una central telefónica con capacidad limitada para emitir mensajes, de manera tal que, a pesar de recibir todos los reclamos o pedidos de llamadas, solo comunica a la cantidad que posibilita la saturación de su mecanismo. Pues, la justicia penal sólo soluciona aquellos casos que, conforme al sistema de procesamiento y a los recursos humanos y materiales con los que cuenta, permite el sistema…”. 

Ese es nuestro proceso penal actual, un proceso totalmente ineficiente, que por el principio de oficialidad, recibe todas las denuncias ciudadanas y por no poder priorizar el trabajo, no puede atenderlas, generando burocracia e ineficiencia para combatir a los delitos.

El nuevo proceso penal que comenzará a regir en febrero de 2017, deja de lado el modelo inquisitivo y pasa a un modelo acusatorio, donde quien tiene la carga de investigar es el Fiscal, mientras que el Juez se dedicará a dictar justicia y hacer ejecutar lo juzgado.

Este cambio es absolutamente necesario, y hasta diría que es imprescindible  aprovechar la oportunidad que ofrece parte del sistema político de querer generar nuevas políticas consensuadas, para instrumentarlo. No podemos perder más tiempo y reconocer que necesitamos un nuevo proceso penal, con una nueva organización de trabajo entre los diferentes segmentos: Policía – Fiscales – Jueces.

Construimos una “nueva policía” y en paralelo se hacen esfuerzos parecidos en otros actores que abrigan esperanzas ciertas de un trabajo coordinado que permitirá que cuando se investigue un hurto de vehículo se investigue el mercado de automóviles hurtados, porque si queremos cambios reales debemos actuar sobre los mercados delictivos que funcionan en todos los delitos: hurtos, rapiña, narcotráfico, etc.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, ya estamos trabajando en la aplicación del nuevo proceso penal, con el establecimiento de guías para la investigación de diferentes tipos delictivos. Realmente, estamos convencidos que con la aplicación del nuevo proceso penal lograremos una política de persecución penal más eficaz.

Ya que hablamos de generar nuevas políticas públicas en esta materia, políticas consensuadas, aprovechemos la oportunidad para aprobar rápidamente el proyecto modificativo del nuevo proceso penal, donde se pondrá en marcha el modelo acusatorio, con la persecución penal en manos de los fiscales; establecer un procedimiento abreviado para aquellos casos donde hay pleno reconocimiento del autor del delito; establecer un cúmulo de medidas alternativas para poner fin al proceso, entre otras.

Con la aplicación y puesta en marcha del nuevo proceso penal, los problemas de seguridad no desaparecerán, pero sí habrá un proceso más eficiente y adaptado al Siglo XXI, donde se investigarán los delitos con las complejidades de la época que nos toca vivir; donde se aplicará el principio de oportunidad reglada, y se castigarán aquellos delitos que causan gran daño a nuestra sociedad. Por último, y no menos importante, la víctima tendrá un rol destacado y otra participación, se velará por su protección y por el respeto de sus derechos.

Dr. Charles Carrera Leal
Director General de Secretaría del Ministerio del Interior

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